Fuimos secuestrados, nos tuvieron encerrados durante varias horas: Raúl García

Altamira, Tamaulipas.- En un contexto de conflicto interno, Raúl García Vallejo, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Griselda Dávila, delegada especial de la CNC en Altamira, defendieron su posición frente a una denuncia de despojo presentada por José Enríquez, exdelegado del Comité Municipal Campesino. Según García y Dávila, la demanda no tiene fundamentos legales y responde a intereses ajenos a los objetivos del comité.

García Vallejo, acompañado de Dávila y otros miembros de la organización, rechazó las acusaciones. “Nos demandaron por despojo, pero no es cierto. Este terreno pertenece a todos los campesinos de Altamira, no a una persona moral ni a unos cuantos”, afirmó.

La denuncia se presentó durante un proceso rutinario de cambio de delegados en la organización. Los líderes señalaron que los terrenos en disputa fueron asignados para uso de los campesinos por un decreto del Congreso, el cual establece que la propiedad no puede ser vendida ni transferida.

García Vallejo enfatizó que “el decreto es claro: la propiedad es del Comité Municipal Campesino y no puede ser cedida a ninguna organización civil o mercantil”. Añadió que la demanda surgió cuando intentaron dialogar con los ocupantes del terreno, quienes respondieron con hostilidad, reteniendo al grupo en condiciones precarias.

En respuesta, los dirigentes campesinos han presentado una contrademanda por secuestro, argumentando que fueron retenidos contra su voluntad en las instalaciones sin luz ni aire acondicionado. “Nos tuvieron encerrados durante varias horas. Ya hemos interpuesto la demanda correspondiente”, afirmó García Vallejo.

El conflicto también tiene una dimensión económica, ya que los actuales líderes buscan recuperar las rentas de los terrenos que, según ellos, fueron indebidamente apropiadas durante los nueve años de gestión de Enríquez. “Procederemos legalmente para recuperar lo que corresponde a los campesinos,” mencionó García Vallejo.

Además, el conflicto se enmarca en un contexto electoral, con acusaciones políticas. Según García Vallejo, Enríquez dejó de cumplir con los estatutos del partido al apoyar públicamente a Morena, lo que contraviene las normas internas que exigen lealtad al PRI. “Por eso se decidió relevarlo de sus funciones, conforme a los estatutos,” explicó.

En respuesta a las acusaciones de desalojo violento por parte de simpatizantes del candidato Miguel Gómez, García Vallejo negó rotundamente tales afirmaciones. “El candidato Miguel Gómez nunca estuvo presente. Fue un grupo de compañeros quienes vinieron a dialogar pacíficamente. No hubo ni malas palabras ni actos violentos,” aseguró.

El Comité Municipal Campesino de Altamira enfrenta un periodo de incertidumbre y disputas legales que, según sus líderes, están siendo abordadas con firmeza y dentro del marco de la ley. “Defenderemos los derechos de todos los campesinos cuantas veces sea necesario”, concluyeron.