“ENTRE EL TEMOR Y LA ZOZOBRA”
T E C L A Z O S
Por Guadalupe E. González
X.- Ladrones de cuello blanco saben que “les llegará la hora” para aclarar cuentas públicas
Reza el adagio que “los que la hacen la tienen que pagar” y, por este motivo, se vislumbra el temor y la zozobra entre ex presidentes municipales, ex titulares de organismos del agua (Comapas) y demás dependencias que en el pasado manejaron recursos públicos, porque saben que la ley es la ley y no tendrán escapatoria judicial.
Este dilema por el que, de ipso facto e ipso jure (es decir, de hecho y de derecho), atraviesan políticos oportunistas de baja caterva moral, los coloca al borde del llamado al banquillo de los acusados. Eso, por obviedad, los trae con la desesperación, el susurro y la inquietud encima. Aunque algunos creen que no pasará nada, lo cierto es que, al haber dispuesto de recursos de los pueblos que gobernaron y de las dependencias bajo su mando, hoy las cosas serán diferentes, porque no quedarán exonerados de la responsabilidad financiera que hasta hoy no han solventado.
Por este motivo, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como las Fiscalías General de Justicia, la de Anticorrupción y el propio Congreso del Estado, tendrán mucho trabajo en este ámbito jurídico-financiero, para que los presuntos responsables acudan a solventar cuentas o “enderezar el barco”, como se dice en el argot popular. Sin duda, este tema se tornará interesante, pues ha despertado un claro interés en que se aplique la ley a los presuntos ladrones de cuello blanco.
En los pasados gobiernos del PRI y del PAN, “no pasaba nada” en este tipo de escenarios. Sin embargo, hoy el panorama político-financiero pinta distinto, para que aquellos actores políticos que se fueron bien llenos tengan la certeza de que, jurídicamente, estarán obligados a regresar lo robado. Porque, sépase y entiéndase, los números, como esencia de las ciencias exactas, no mienten.
Sin embargo, hay actores políticos que, de manera rimbombante, siguen pensando que no pasará nada. Pero hoy, al existir nuevas autoridades en el Poder Judicial y diversas actas circunstanciadas en contra de ex funcionarios públicos por pendientes financieros en la UIF y en la Fiscalía Anticorrupción, esto habrá de generar reacciones entre quienes saben que “les podría caer la voladora”, es decir, una orden de presentación o incluso de aprehensión.
Las medidas rigurosas a aplicarse por los presuntos hurtos de recursos públicos no serán venganzas ni persecuciones judiciales o políticas. El actuar de las autoridades será en apego a derecho. Así que, si se obra en consecuencia, como se vislumbra, iremos viendo quiénes serán llamados a rendir cuentas y qué harán en caso de ser requeridos. De concretarse, se sentaría un precedente de dimensiones descomunales.
Además, recordemos que el saqueo de recursos públicos de las arcas municipales y de organismos del agua es un tema que hoy parece no quedará a la deriva, como ocurría en el pasado. Aunque aún hay actores políticos que no dan crédito a este proceder legal, existen denuncias pendientes por extralimitaciones financieras en algunos ayuntamientos y Comapas, lo que representa el parteaguas de posibles acciones legales contra ex funcionarios que, en plan oportunista, se adjudicaron recursos del pueblo.
Para concluir, queda claro que el requerimiento para solventar cuentas públicas pendientes no será un simple ejercicio político de simulación, sino un proceder firme y certero. Los presuntos responsables, quieran o no, tendrán que rendir cuentas ante la ley. Veremos y diremos, porque este proceso judicial podría ser tan interesante como histórico.
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Por hoy es todo y hasta mañana.
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