Envía Peña al Senado Iniciativa de ley Fintech

El presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado la iniciativa que crea la Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), encaminada a regular los fondos de pago electrónico, el financiamiento colectivo y el uso de activos o monedas virtuales.
También conocida como ley Fintech, contempla la regulación de “modelos novedosos”, la protección de los usuarios, preservación de la estabilidad financiera, promoción de la sana competencia y prevención del lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo.
En la exposición de motivos, se establece que en las últimas décadas la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que se lleva a cabo el comercio de bienes y servicios a nivel global. Esta revolución de innovación, impulsada por la disponibilidad de la tecnología ha impactado de manera muy importante en el sector de servicios financieros.
El impacto de la tecnología ha transformado la prestación de servicios tradicionales de banca y crédito mediante innovaciones que han generado una reducción importante de uso de sucursales para la prestación de servicios financieros, pero también han surgido otras innovaciones tecnológicas que no cuentan con una regulación y supervisión por las autoridades sobre las operaciones que llevan a cabo con sus clientes, por lo que se hace necesario incluirlas dentro del sector regulado y supervisado del sistema financiero.
Es previsible pensar que las nuevas tecnologías que fomenten la descentralización de sistemas con tecnología de bloques (blockchain, por su nombre en inglés), así como la proliferación de la economía colaborativa y los servicios financieros de persona a persona, modificarán aún más el panorama respecto a la forma en que se prestan los servicios financieros en los años venideros.
Se resalta en la propuesta que la capacidad de expansión de los servicios financieros a través de nuevas tecnologías es enorme. De acuerdo con el cuarto informe trimestral estadístico 2016 elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a diciembre de 2016, el número de suscripciones de telefonía móvil en México llegó a 111.7 millones, mientras que el número de suscriptores de banda ancha móvil fue de 75.5 millones.
Por ello, señala la iniciativa, tiene por objetivo otorgar un espacio regulatorio para que la innovación a través de tecnologías, a través de los servicios financieros se desarrolle y florezca. Lo anterior, con la finalidad de poner a México a la vanguardia en el desarrollo de servicios financieros.
Precisa que la ley que se propone expedir contiene la regulación de las estipulaciones de fondos de pago electrónico, como consecuencia del aumento del uso de esta modalidad de pago en el comercio, ya que ofrece seguridad y aceptación en los negocios afiliados.
Señala que Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Uruguay, Kenia y la Unión Europea, entre otras jurisdicciones, han regulado los fondos de pago electrónico, definiéndolos en términos similares como el valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor, almacenado en un soporte electrónico digital, cuyo valor es constante, denominado en la misma moneda y equivalente a los fondos recibidos por el emisor contra su entrega.
En la regulación que se propone, las instituciones de fondos de pago electrónico realizarán servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico (e-money, por su nombre en inglés).
Además, se propone que las ITF tengan la capacidad de operar con activos virtuales. En este sentido, los activos virtuales son representaciones de un valor digital verificable, que no se encuentran emitidos ni respaldadas por ningún banco central o entidad financiera, es decir, no tienen curso legal, y a pesar de eso, generan unidades para su intercambio debido a su aceptación en el público.
Refiere que en años recientes, el uso de los activos virtuales, en especial el “Bitcoin”, ha incrementado, así como su aceptación y valor, por lo que la regulación de instituciones en las que se intermedia con estos activos se ha vuelto cada vez más pertinente.
Para operar dichos modelos, las sociedades deberán contar con una autorización temporal otorgada por la Comisión Supervisora Competente a la materia de innovación, con el propósito de probar sus modelos de negocio innovadores.
Y se busca, explica el Ejecutivo, que otorguen sus servicios a un número reducido de clientes y por un tiempo limitado, que permita experimentar y desarrollar su innovación en el mercado real de forma controlada y supervisada por autoridades.