Presupuesto 2026: más deuda, menos contrapesos
Por Jaume Osante
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para 2026: gasto neto total por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, y la votación en lo general quedó en 358 a favor y 133 en contra. Esos números no son tecnicismos; son la radiografía de prioridades.
Hablemos claro: el Estado que reduce recursos a ramos autónomos y al Poder Judicial para luego financiar programas con mayor endeudamiento está jugando con la credibilidad de la República. El paquete proyecta una deuda pública cercana al 52.3% del PIB, cifra que no se corrige con retórica, sino con medidas fiscales serias.
El gobierno argumenta que el déficit se reducirá a 4.1% del PIB en 2026, y que un mayor crecimiento nominal y una mayor recaudación harán viable la ruta. Es una apuesta, no una garantía. Si esa correlación entre recaudación y crecimiento falla, la factura la pagará la gente: servicios, infraestructura y protección social.
Mientras tanto, circulan intenciones de recortes que afectan a órganos esenciales: hay preparativos para reducir hasta 18 mil millones de pesos al Poder Judicial, INE y otros autónomos, según reportes. No es un ajuste técnico: es un debilitamiento deliberado de contrapesos. Eso erosiona la confianza institucional en el mismo momento en que la nación necesita fortalecimiento de reglas y transparencia.
Los análisis técnicos advierten lo obvio: el endeudamiento proyectado (≈ 4.1% del PIB en financiamiento neto) y el aumento del servicio de la deuda generan presiones fiscales que obligarán a priorizar gasto —y no siempre en favor del interés público más urgente. Es decir: más deuda para mantener programas, menos margen para invertir en prevención, salud y educación. La advertencia del CIEP apunta a una senda de desbalance que podría volverse persistente si no se corrige con reformas fiscales y mayor eficiencia.
Crítica severa, sí, pero con propuesta: dejar de ver el presupuesto como un tablero para reasignar favores y empezar a verlo como el contrato social que es. Recuperar independencia de los órganos autónomos, transparentar las reasignaciones y comprometerse con metas claras de reducción del servicio de la deuda (no promesas vagas) serían pasos mínimos. La política responsable consiste en explicar sacrificios y compartir ganancias; no en recortar contrapesos ni maquillar cifras con optimismo contable.
Si vamos a endeudarnos, que sea para invertir en activos que aumenten la productividad y la equidad —no para sostener gastos corrientes o sustituir la rendición de cuentas. La ciudadanía exige ello; la democracia lo reclama.
¿Usted que opina?
