Reforma electoral: el debate que no termina… y lo que realmente debería importarle al ciudadano

Por Jaume Osante Turón.

 

 

A ver… hablemos claro.

 

En política, pocas cosas levantan tanto polvo como una reforma electoral. Y es lógico. Al final del día, estamos hablando de las reglas del juego democrático (quién compite, cómo se compite y quién cuenta los votos). Por eso la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum terminó encendiendo una discusión nacional que va mucho más allá de una simple votación en la Cámara de Diputados.

 

La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada y quedó detenida. Pero el debate sigue vivo, y quizá ahí está lo verdaderamente importante. Porque detrás de los discursos partidistas hay preguntas que sí le interesan al ciudadano común: ¿la reforma beneficia a la democracia o la debilita? ¿reduce privilegios o concentra poder? ¿nos representa mejor o nos representa menos?

 

Y para entenderlo hay que ir directo a los puntos más polémicos.

 

Uno de los temas que más encendió las alarmas fue la posible eliminación o reducción de los legisladores plurinominales. Para muchos ciudadanos esto suena atractivo. Seamos sinceros: la figura del plurinominal tiene una pésima reputación pública. Mucha gente siente que son políticos que llegan al poder “sin ganar elecciones”.

 

Pero aquí es donde empieza el verdadero debate.

 

Los plurinominales nacieron para garantizar representación de minorías políticas. Es decir, para que un partido que obtiene millones de votos pero no gana distritos tenga voz en el Congreso. Quitarlos podría hacer el sistema más barato, sí, pero también podría provocar un Congreso dominado casi por completo por el partido mayoritario.

 

Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿queremos un Congreso más barato… o uno más equilibrado?

 

Otro punto polémico fue la reducción del número de legisladores. En principio parece lógico. Menos diputados, menos gasto público. Nadie se queja cuando se habla de recortar burocracia política.

 

Pero el problema no es solo cuántos legisladores hay, sino a quién representan.

 

Reducir curules puede significar que regiones completas del país tengan menos voz en el Congreso. En un país tan diverso como México (con realidades sociales, económicas y culturales muy distintas) el riesgo es que las decisiones se concentren cada vez más en grupos políticos dominantes.

 

Y cuando la representación se reduce, muchas veces lo primero que desaparece es la voz de las minorías.

 

Otro foco de controversia fue el recorte al financiamiento público de los partidos. Aquí el debate ciudadano es particularmente interesante.

 

Porque sí, es verdad: los partidos en México reciben miles de millones de pesos cada año. Y para una población que enfrenta problemas de empleo, inseguridad y servicios públicos deficientes, ese gasto resulta difícil de justificar.

 

Reducir ese financiamiento podría liberar recursos públicos y mandar un mensaje de austeridad política.

 

Pero también hay una cara menos popular del tema.

 

Cuando los partidos reciben menos financiamiento público, aumenta el riesgo de que busquen dinero en fuentes privadas. Y eso abre la puerta a algo mucho más peligroso: la influencia del dinero en la política.

 

Empresarios, grupos de interés o incluso estructuras ilegales podrían tener más peso en campañas electorales si el financiamiento público se debilita demasiado.

 

Y entonces la pregunta cambia: ¿queremos partidos más austeros… o partidos más dependientes del dinero privado?

 

Otro tema que generó polémica fue la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Este sistema permite que la ciudadanía conozca tendencias electorales pocas horas después del cierre de casillas.

 

Para el gobierno, el argumento es que el sistema es costoso y que existen otras formas de difundir resultados.

 

Para críticos y especialistas, eliminarlo podría generar incertidumbre en momentos clave de una elección.

 

Y en política, la incertidumbre suele ser terreno fértil para la desconfianza.

 

La democracia moderna no solo depende de que los votos se cuenten bien, sino de que la ciudadanía confíe en que se están contando bien.

 

También apareció un tema que refleja los nuevos tiempos: la regulación del uso de inteligencia artificial, bots y manipulación digital en campañas políticas.

 

Este punto, curiosamente, generó menos ruido mediático, pero podría ser uno de los más relevantes hacia el futuro.

 

La manipulación digital de la opinión pública ya es una realidad en muchos países. Campañas de desinformación, cuentas automatizadas, manipulación algorítmica… todo eso ya forma parte del campo de batalla político.

 

Regular ese terreno puede ser necesario.

 

Pero hacerlo mal también puede abrir la puerta a restricciones en la libertad de expresión o a controles sobre el debate público en redes sociales.

 

Otra vez aparece el mismo dilema democrático: regular sin censurar.

 

Ahora bien, más allá de cada punto técnico, hay algo que como periodista no puedo dejar de observar.

 

Muchas veces las reformas electorales en México se discuten como si fueran peleas entre partidos. Como si se tratara únicamente de quién gana o quién pierde poder.

 

Pero la democracia no debería ser una negociación entre élites políticas.

 

Debería ser un acuerdo social sobre cómo queremos gobernarnos.

 

Y ahí es donde el ciudadano suele quedar fuera del debate.

 

Pocos foros públicos, poca pedagogía democrática, poco diálogo real con la sociedad. Mientras tanto, el tema se vuelve un campo de batalla entre narrativas: unos dicen que se quiere abaratar la democracia, otros que se quiere controlarla.

 

Pero la pregunta que debería guiar todo esto es mucho más simple:

 

¿La reforma fortalece la confianza ciudadana en las elecciones?

 

Porque sin confianza no hay democracia que aguante.

 

Desde una mirada periodística (y también ciudadana) hay que reconocer algo: el sistema electoral mexicano no es perfecto. Tiene costos altos, burocracias pesadas y procesos que pueden modernizarse.

 

Pero también es cierto que ese sistema fue construido durante décadas para superar una historia larga de fraudes electorales y desconfianza institucional.

 

Cada cambio que se haga debe tener una virtud fundamental: mejorar la democracia sin debilitar sus contrapesos.

 

Porque cuando se toca el sistema electoral no se está reformando un trámite administrativo.

 

Se está tocando el corazón del poder político.

 

Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en quién ganó la votación o quién perdió la reforma.

 

La verdadera discusión debería ser qué tipo de democracia queremos para el futuro.

 

Una más barata.

 

Una más representativa.

 

Una más transparente.

 

O una combinación inteligente de las tres.

 

El problema es que la política mexicana suele elegir el camino más fácil: convertir cualquier debate institucional en una batalla ideológica.

 

Y mientras eso ocurre, el ciudadano sigue esperando algo mucho más sencillo.

 

Elecciones confiables.

 

Gobiernos responsables.

 

Y reglas claras para todos.

 

Porque cuando la democracia funciona bien, casi nadie habla de ella.

 

Pero cuando empieza a fallar… todos la extrañan.

 

Y ahí es donde el periodismo tiene una responsabilidad incómoda pero necesaria: explicar, cuestionar y recordar que la democracia no pertenece a los partidos, ni a los gobiernos, ni a las mayorías legislativas.

 

Pertenece a los ciudadanos.

 

Y por eso cualquier reforma electoral debe medirse con una sola vara: si fortalece la voz del pueblo o si la debilita.

 

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.