Diputados aprueban nueva Ley Aduanera en medio del escándalo del huachicol fiscal
La Cámara de Diputados dio luz verde ayer al dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, bajo la promesa de fortalecer controles y combatir el contrabando y la evasión fiscal.
El proyecto, impulsado por la presidencia de Claudia Sheinbaum, fue aprobado con 324 votos a favor y 113 en contra, luego de desechar o retirar todas las reservas propuestas. Ahora será enviado al Senado para su análisis.
Entre los principales cambios se encuentran:
La patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada tres años
Se crea un Consejo Aduanero, bajo la Secretaría de Hacienda, para autorizar, suspender o cancelar patentes y agencias aduanales
Se elimina la figura de “causas excluyentes de responsabilidad” para los agentes aduanales, haciéndolos corresponsables en las operaciones aduaneras en las que participen
Nuevos mecanismos de vigilancia digital, videovigilancia, expedientes electrónicos, control en recintos fiscales y sanciones más severas para quienes violen las normas aduaneras
Críticas y escepticismo de la oposición
La oposición denunció que esta reforma no confronta los verdaderos núcleos de la corrupción en las aduanas, ni garantiza sanciones para funcionarios involucrados en el huachicol fiscal. Diputados del PAN y PRI aseguraron que, en lugar de limpiar al sistema aduanero, la ley criminaliza al sector privado honesto, favorece la burocracia, centraliza el poder y hasta avala la militarización de las aduanas.
Algunos legisladores señalaron que el llamado “huachicol fiscal” —el contrabando técnico de combustibles mediante facturas, subvaluaciones y uso de aditivos— no será extinguible a través de estas medidas si no hay voluntad política real para castigar redes dentro del propio gobierno.
En contexto del escándalo
La aprobación ocurre en un momento crítico: recientemente se destaparon redes de contrabando de combustible implicando altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales. El SAT tiene abiertos 109 expedientes penales por perjuicios al fisco que suman cerca de 22,800 millones de pesos, muchos relacionados con fraudes en aduanas.
Aunque la reforma busca modernizar el sistema aduanero, el escepticismo persiste: si no se acompañan controles independientes, vigilancia ciudadana y castigos reales —no cosméticos—, corre el riesgo de quedar como otra ley repleta de buenas intenciones y pocas garantías para la justicia fiscal.
