Laudo por más de 51 millones de pesos es obligatorio y busca pagarse de manera escalonada.
Cd. Madero, Tamaulipas.– El laudo laboral que obliga al Ayuntamiento de Ciudad Madero a pagar más de 51 millones de pesos al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento (SUTSHA) es una condena judicial inapelable, cuyo origen se remonta a incumplimientos del contrato colectivo de trabajo desde el año 2009.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, dijo que los primeros incumplimientos por parte de administraciones municipales comenzaron en 2009, 2010 y 2011, situación que llevó al sindicato a interponer una demanda laboral en 2012. Tras casi una década de litigio, en 2021 se dictó el laudo condenatorio, mismo que contempla adeudos acumulados hasta ese año.
Indicó que entre 2021 y 2025, tanto la parte patronal como la obrera agotaron todos los recursos legales a los que tenían derecho; sin embargo, recientemente un juez federal ordenó al Tribunal de Justicia Administrativa ejecutar el laudo, lo que derivó en el requerimiento formal de pago al Ayuntamiento.
Marín Rodríguez aclaró que desde 2023 y 2024 a la fecha, el actual gobierno municipal ha cumplido de manera puntual con todas las obligaciones del contrato colectivo de trabajo, por lo que la deuda corresponde únicamente a periodos anteriores a 2022.
Indicó que lo sometido a consideración del Cabildo no es decidir si se paga o no, ya que el pago es obligatorio por mandato judicial, sino autorizar una forma amigable y responsable de cubrir el adeudo, evitando afectar gravemente las finanzas municipales.
“La propuesta fue realizar un pago inicial de 3 millones de pesos y posteriormente 96 mensualidades de poco más de 500 mil pesos, lo que permitiría cumplir con la sentencia sin comprometer obras públicas, servicios ni programas sociales”.
Debido a que el esquema de pagos compromete recursos de ejercicios fiscales futuros y de la siguiente administración, el procedimiento requiere la aprobación tanto del Cabildo como del Congreso del Estado. Una vez autorizado, se podría formalizar el convenio ante el Tribunal.
Advirtió que, de no lograrse este acuerdo, el Ayuntamiento se expone a que el Tribunal ordene el embargo de cuentas municipales, escenario que afectaría seriamente las finanzas públicas, incluida la inversión proyectada de más de 220 millones de pesos en obra pública.
