Madero Cumple Laudo Y Pagará Al SUTSHA
Por Alberto Dávila
En política municipal hay decisiones que no admiten discursos grandilocuentes ni poses de tribuna. La reciente aprobación del pago que el Ayuntamiento de Ciudad Madero deberá realizar al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Madero (SUTSHA) no fue un gesto de cortesía, ni una concesión sindical: fue el cumplimiento de un mandamiento judicial derivado de un laudo firme.
El adeudo, que se arrastra desde administraciones anteriores tras demandas laborales interpuestas hace más de una década, terminó por convertirse en sentencia definitiva. Y cuando hay resolución judicial de por medio, el margen de maniobra política se reduce a cero. No cumplir habría significado exponerse a embargos de participaciones, sanciones por desacato e incluso responsabilidades administrativas.
El alcalde Erasmo González Robledo fue claro: el Cabildo no estaba votando si “quería pagar”, sino cómo cumplir con una obligación legal ya determinada por tribunales. Esa es la diferencia entre la narrativa y el expediente.
En medio del debate, llamó la atención la postura del regidor Óscar Oseguera Kernion, quien, ante los cuestionamientos públicos y publicaciones en medios digitales, respondió con un lacónico: “no me interesan las publicaciones de los medios en redes sociales”.
Curiosa declaración en tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas pasan, precisamente, por la discusión pública. Porque si algo caracteriza a la política moderna es que las decisiones se explican (y se confrontan) también en el espacio digital. Desestimar los señalamientos mediáticos puede sonar firme… hasta que se recuerda que la opinión pública no desaparece por ignorarla.
Por otro lado, la regidora Mayra Ojeda protagonizó una prolongada intervención durante la discusión del punto, señalando dudas sobre el impacto presupuestal y exigiendo claridad sobre las inversiones de los recursos obtenidos por concepto de pago predial. Esta dejó en paz el celular para concentrarse en el debate. Y eso, en política local, ya es noticia.
Sus cuestionamientos no eran menores: pagar un laudo millonario implica ajustar partidas, reordenar prioridades y explicar a la ciudadanía cómo se absorberá el impacto financiero sin comprometer servicios básicos.
El caso SUTSHA deja una lección incómoda: los conflictos laborales que no se resuelven a tiempo terminan creciendo en los tribunales… y explotando en futuras administraciones. Lo que se difiere políticamente, se acumula jurídicamente.
Aquí no hubo margen ideológico. Hubo un expediente, un mandamiento judicial y una obligación clara. Lo demás (los posicionamientos, las frases despectivas hacia los medios, los debates encendidos) forman parte del espectáculo que acompaña a la política municipal.
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